Hago referencia a tres publicaciones muy recientes de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, Orientaciones éticas para la toma de decisiones en contexto de pandemia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del New England Journal of Medicine “Asignación justa de los escasos recursos médicos en tiempo del COVID-19” del 24 de Marzo 2020.
Estamos conscientes que nuestros gobernantes han tomado decisiones de vanguardia en la protección de la población. Por supuesto que nuestro presupuesto actual de salud no puede hacer frente a una situación de pandemia que ni los países poderosos de la tierra lo pueden.
En tiempos de paz, se aplican más bien los principios de la Bioética personalista, respetando la dignidad de cada individuo, la no discriminación por edad, sexo, raza, religión, condición socio económica y también la libertad de las personas (las que hicieron por ejemplo una expresión de su voluntad de no recibir medidas extraordinarias de mantenimiento artificial de la vida). Muchos pacientes pueden llegar a situaciones terminales donde ya no hay recuperación posible de la salud. En estas circunstancias es justo prodigarles los cuidados paliativos, aliviando el dolor y la falta de aire con calmantes apropiados como la morfina. En ningún caso se acepta el adelantamiento del proceso de morir, los que muchos llaman la “muerte digna”.
El Círculo Paraguayo de Médicos ha dictado en noviembre de 2001, unas Pautas Bioéticas para el manejo de pacientes adultos y pediátricos en las unidades de terapia intensiva, donde enuncian las prioridades para el acceso a estos medios extraordinarios. Prioridad I: Pacientes críticos e inestables, que necesitan monitoreo y tratamiento intensivo (ventilación mecánica invasiva, depuración renal continua, drogas vasoactivas, etc). Prioridad II: Precisan monitoreo intensivo y pueden necesitar ventilación mecánica invasiva. Prioridad III: Inestables y críticos pero con pocas posibilidades de recuperación a causa de sus enfermedades de base o el mal pronóstico de su enfermedad aguda. Prioridad IV: Beneficio mínimo esperado en una situación de terminalidad o de una muerte inminente.
Así las cosas, se debe analizar esta situación en este contexto. La Sociedad española de cuidados intensivos, en sus Recomendaciones éticas para la toma de decisiones y asignaciones de recursos limitados en la situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en la unidades de cuidados intensivos, se deben aplicar criterios de idoneidad y tener en cuenta factores como por ejemplo la edad, la comorbilidad (las enfermedades preexistentes), la gravedad de la enfermedad, el compromiso de otros órganos y la reversibilidad. Esto implica frente a una situación así, establecer un triaje y criterios de prioridad.
En el artículo del NEJM sobre una pandemia por el COVID-19 se preconiza al considerar la asignación de recursos, tener en cuenta varios valores éticos que deben ser adaptados dependiendo de los recursos y del contexto en cuestión. Reconocen que es la visión de una ética utilitarista pero justificada en estas circunstancias. En caso de que haya servicios para todos, dar prioridad a los más enfermos y a los más jóvenes que hubiesen vivido el menor tiempo si no recibiesen el tratamiento. Luego en situación de escasez de medios se preconiza la maximización de los beneficios: salvar la mayor cantidad de vidas individuales y dar prioridad a los que tienen una mayor esperanza de vida luego del tratamiento. Llegan incluso a decir que se puede retirar el respirador de un paciente para utilizarlo en otro que tiene mayor chance de recuperación. Hacen hincapié que esto puede dar motivo a la objeción de conciencia de algunos terapistas.
Entre los que tienen igual pronóstico, se hace una selección aleatoria. Dar prioridad a los participantes de la investigación en curso y a los que pueden salvar a otros o a los que han tratado de salvar a otros (profesionales de la salud, prioritarios también para las camas, ventiladores y vacunas). En segunda prioridad para las vacunas, vendrían los mayores de 60 años que son los que más riesgos tienen al contraer la enfermedad, pero no así para el uso de ventiladores, situación donde los jóvenes son prioritarios, como están haciendo los españoles y los italianos.
Esperemos no llegar a plantear estas situaciones a nuestros servicios de cuidados intensivos. Actualmente tenemos una cama de terapia intensiva para 10.000 habitantes. Se está haciendo todo el esfuerzo por aumentar este número y los ventiladores mecánicos, y se están construyendo aceleradamente dos hospitales para un eventual desborde en la evolución de esta pandemia en nuestro país. Se está solicitando la liberación de fondos del Estado para hacer frente a esta equivalente “situación de guerra”. La Contraloría debería ser estricta en el control de estas fuentes. Que no se repita la experiencia de los fondos del FONACIDE con las intendencias.
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